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26/03/07:
La policía bonaerense detuvo ayer en la ciudad de San Miguel, a un avezado hacker
acusado de haberse "introducido" a la red Bancaria, desde donde cometió una sideral estafa
en miles de dólares contra las empresas Coto y Banelco.
Detectives de la Sub DDI San Miguel, procedieron a la detención de Miguel Jorge Angel P,
conocido como "Miguelito"o "El Gordo Jorge", quien tenía su "base de operaciones"
en un locutorio de esa ciudad al noroeste del conurbano.
De las tareas de inteligencia llevadas adelante por personal policial de Delitos Informáticos,
se logró establecer que las operaciones comerciales de estafa, eran efectuadas vía Internet
desde el local del rubro Cyber, locutorio ubicado en la calle Maestro Ferreira y Avenida Mitre,
de San Miguel Oeste.
Según los informantes, desde allí el Hacker realizaba sus ilícitos de forma encubierta.
Según se estableció en las investigaciones, para realizar las maniobras, " el Gordo Jorge"
y otros compinches (aún no detenidos) utilizaban información confidencial de distintas personas
y empresas, mediante las cuales se efectuaron compras de varios aparatos digitales,
como cámaras fotográficas, de video, etc.; detectándose que las últimas figuraban
a nombre de la firma Coto -Casa Central-.
Según se pudo establecer la mercadería era retirada dos días después por personas
con identidades falsas de los diferentes centros de compra, determinándose que era
un joven conocido como Miguelito, quien realizaba la operación y que el mismo se domiciliaba
en la calle Blasco Ibáñez 2521 de San Miguel.
Gracias a las tareas de los investigadores, y a las cintas de seguridad de los diferentes
centros comerciales, se culminó esta noche con la aprehensión del hacker y como corolario
de la requisa a su vivienda en San Miguel.
En el citado domicilio la policía se incautó de dinero en fectivo en pesos y dólares;
sofisticadas computadoras, disquetes, CDS, tarjetas con bandas magnéticas y ropas
que llevara el causante al momento de retirar la mercadería.
Según fuentes allegadas al caso todos éstos elementos son probatorios del delito
que alcanzaría a varios miles de dólares.
Interviene en el caso la UFI N 9 de San Martín, que dispuso el traslado
del causante y elementos secuestrados a sede judicial.
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