El hacker británico, podría ser extraditado |
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miércoles, 04 de abril de 2007 |
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Gary McKinnon trata de evitar un juicio en EEUU, donde podría enfrentarse a 70 años de condena por cometer el acto de hacking militar más importante de la historiahacker contra su extradición a EEUU, donde se le reclama por llevar acabo el mayor asalto informático contra ordenadores militares de ese país, según la acusación. Gary Mackinnon fue detenido en 2002 por acceder sin autorización a 97 sistemas de la administración de EE UU, entre ellos los del Pentágono, la Nasa o la Armada. Ahora anuncia un recurso ante la Cámara de los Lores para evitar su extradición.
La decisión adoptada por los jueces británicos es la respuesta a una apelación presentada por McKinnon contra la orden de extradición emitida por otro juez en mayo de 2006, y que fue respaldada por el ministro de Interior británico. Los jueces señalan que no existe ninguna base para anular la orden de extradición pues la conducta del experto informático «estaba claramente dirigida y calculada para afectar al Gobierno de EEUU por medio de la intimidación».
La fiscalía de EEUU asegura que entre febrero de 2001 y marzo de 2002, este entusiasta de la seguridad informática logró entrar en sistemas informáticos de la Armada, la Marina, las Fuerzas Aéreas, el Departamento de Defensa y ordenadores de la NASA. La acusación que persigue a McKinnon en EEUU achaca a sus acciones un coste de 700.000 dólares para las arcas públicas.
McKinnon, que en sus acciones utilizaba el apodo de «Solo», ha admitido su intrusión en los sistemas informáticos citados, pero niega haber causado algún daño en ellos. Sus abogados alegan que enviarle a EEUU violaría sus derechos constitucionales -han llegado a afirmar que podría ser enviado a la base estadounidense de Guantánamo-, y que la extradición se solicitó con el ánimo de perseguirle por sus opiniones políticas.
El hacker dice que sus motivaciones eran inocentes, que lo que estaba buscando era información sobre OVNIS y vida extraterrestre, pero la acusación asegura que por el camino causó daños valorados en cientos de miles de dólares, alteró ficheros y derribó una red de hasta 2.000 ordenadores.
Ahora, para evitar ser enviado a EEUU, le queda la opción de apelar ante la Cámara de los Lores, competente para anular la decisión de los jueces. De no tener éxito tampoco con este recurso y ser juzgado en EEUU, podría ser condenado a pasar hasta 70 años en la cárcel y al pago de una multa de 1,75 millones de dólares.
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